Harris recurre a su experiencia en el combate a la delincuencia transfronteriza en su campaña

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Cuando la vicepresidenta Kamala Harris ha prometido tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal en la frontera sur del país, ha hecho hincapié en su experiencia como fiscala general de California en la persecución de grupos criminales que trafican con drogas, armas y personas entre Estados Unidos y México.

“Fui la máxima responsable de la aplicación de la ley en el mayor estado del país, California, que también es un estado fronterizo”, dijo el jueves en un acto con votantes de Nevada. “Me enfrenté a organizaciones criminales transnacionales”.

Los colaboradores y aliados de Harris afirman que su lucha contra la delincuencia transnacional arroja luz sobre cómo podría abordar los retos en la frontera. El tema está a la vanguardia de las preocupaciones de los votantes después de que los cruces fronterizos ilegales aumentaran durante los primeros años del presidente Biden en el cargo, y mientras el expresidente Donald Trump y sus aliados alimentan falsedades sobre bandas de inmigrantes y combinan la inmigración con la delincuencia.

Ahora, su historial de persecución de la delincuencia transfronteriza está siendo examinado por demócratas y activistas de la justicia social y tergiversado por los republicanos. Y ya no está dispuesta a afirmar que apoya algunas de las tácticas que había adoptado. He aquí lo que hizo como fiscala general de California, por qué es importante y por qué podría tener implicaciones si gana en noviembre.

Cambio de estrategia

Harris hizo de la lucha contra la delincuencia transnacional una prioridad en su campaña para fiscal general de California en 2010 y durante sus seis años en el cargo.

Desde el principio, trató de cambiar la forma en que las fuerzas del orden combatían la actividad delictiva a lo largo de los corredores interestatales. Reunió a funcionarios federales y fiscales generales estatales para elaborar estrategias, y convocó grupos de trabajo multiinstitucionales para colaborar con sus homólogos en México y en toda América Latina. Se ocuparon de casos que condujeron a la detención de grandes implicados en el tráfico de drogas y a la incautación de mayores cantidades de estupefacientes y otros productos ilícitos.

En las entrevistas, fiscales jubilados y en activo de California recordaron que, antes de que Harris asumiera el cargo, tenían que lidiar con recursos limitados y compartían entre ellos poca información sobre los casos. Muchos de sus departamentos de policía y alguaciles se enfocaban en detener a traficantes de poca monta a quienes era fácil sustituir en las calles, dijeron. De este modo, se veían superados por organizaciones delictivas, muchas de ellas vinculadas a Latinoamérica y Asia, que se expandían a través de las fronteras y, al igual que las empresas en expansión, se diversificaban más allá de traficar solo drogas.

“Nos manteníamos ocupados corriendo en círculos en la misma pista”, dijo Cristine Soto DeBerry, quien pasó una década como jefa de personal de los fiscales de distrito en San Francisco y quien ahora dirige la Alianza de Fiscales de California, una organización sin fines de lucro centrada en la reforma de la justicia penal.

Algunos de los casos más exitosos de Harris, según quienes trabajaron con ella, son los que ella ahora cita en la campaña: acabó con redes de cocaína y metanfetamina vinculadas a los cárteles de Sinaloa y Guadalajara, con una red de tráfico de heroína en la zona de la bahía vinculada a otros grupos delictivos mexicanos, y con una operación de narcotráfico que, como ella misma dijo, incluía “fábricas de pastillas y supuestos centros de recuperación que vendían opiáceos con resultados mortales”.

Encontrar el equilibrio

Harris se apoya en esa experiencia para presentar la plataforma de inmigración y frontera más conservadora de los demócratas en décadas. Ha prometido duplicar los recursos del Departamento de Justicia para extraditar y procesar a miembros de organizaciones criminales transnacionales, presentar cargos penales más severos contra quienes crucen la frontera ilegalmente de forma reiterada, y destinar más fondos a personal, formación y vigilancia en la frontera sur del país.

Al mismo tiempo, Harris también se ha comprometido a agilizar y hacer más accesibles las vías de acceso a la ciudadanía, el asilo y otras formas de estatus legal para aquellos inmigrantes a quienes describe como respetuosos de la ley y trabajadores.

Fiscales y legisladores estatales que han seguido la carrera de Harris dicen que ven paralelismos en sus intentos de equilibrar la dureza y la compasión en la frontera con su enfoque amplio hacia la justicia penal. Como fiscala, Harris era conocida por tomar medidas enérgicas contra los delincuentes violentos, pero también por su voluntad de buscar recursos para las víctimas, experimentar con las reformas de la justicia penal para los acusados de delitos menos graves e incluso de trabajar con republicanos.

Michael A. Ramos, exfiscal republicano del condado californiano de San Bernardino, se hizo amigo de Harris cuando ella era fiscala en la zona de la bahía. Él y Harris se unieron por primera vez para pedir más fondos estatales para sus programas de protección de testigos, dijo, después de que testigos clave en sus casos fueran asesinados por la violencia de las bandas. También le atribuye a Harris el mérito de haberle empujado a él y a otros miles de agentes del orden a dejar de encarcelar a personas —muchas de ellas mujeres jóvenes y niñas— implicadas en el comercio sexual.

“No me importa a dónde vayas, es la misma dinámica”, dijo Ramos sobre la opinión de Harris de que una aplicación más estricta de la ley por sí sola no resolvería la crisis fronteriza. “Hay que proteger a las víctimas y a los testigos. Tienes que usar tus recursos para proteger a tus comunidades”.

Tensión dentro del partido

La campaña de Trump y sus aliados republicanos han menospreciado el historial de Harris como fiscala en California, sosteniendo que su enfoque hacia los acusados no violentos llevó a la liberación de peligrosos inmigrantes indocumentados. Algunos demócratas y abogados defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes, por otro lado, temen que Harris se haya inclinado demasiado a la derecha en temas en los que el crimen, la frontera y la inmigración se superponen, lo que podría establecer futuras luchas políticas dentro de su partido en caso de que gane las elecciones presidenciales en noviembre.

Durante su infructuosa campaña por la nominación demócrata en 2019, y en el período previo a su selección como compañera de fórmula de Biden, su experiencia en justicia penal fue vista por algunos demócratas como un lastre. Su trabajo la había puesto en la primera línea de la lucha contra el fentanilo y el crimen transnacional. Pero el tipo de casos en los que trabajaba también había alimentado encarnizados debates nacionales sobre las tácticas de las fuerzas del orden, que los demócratas progresistas y los activistas de la justicia penal advertían de que a menudo conducían a la discriminación por perfil racial y étnico e invadían los derechos civiles de las personas.

La campaña de Harris no respondió a preguntas sobre si respalda algunas de esas tácticas ahora como candidata presidencial.

Una herramienta que la fiscalía general de California bajo Harris apoyó fue la tecnología de seguimiento de vigilancia de teléfonos celulares, la cual los agentes de la ley utilizaron para escanear cientos de mensajes, conversaciones y registros de llamadas, según documentos reportados por primera vez en 2015 por el medio de investigación periodística, Reveal. Una portavoz del Departamento de Justicia del estado dijo en ese momento que los agentes de la ley necesitaban obtener órdenes judiciales para su uso, pero no proporcionó una copia de su política escrita sobre la tecnología.

Como fiscala general, Harris también respaldó un proyecto de ley en la legislatura estatal en 2015 que permitía a las fuerzas del orden de California confiscar propiedades privadas antes de presentar cargos penales, lo que, según ella, impediría que las bandas transnacionales liquidaran sus activos.

Ese proceso, conocido como decomiso de bienes civiles, fue criticado por activistas de derechos civiles de la izquierda y libertarios de la derecha, y al mismo tiempo, el gobierno de Obama estaba tomando medidas enérgicas contra abusos en el proceso a nivel federal.

Informes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de California y de la Alianza de Políticas de Drogas afirmaban que las autoridades estaban tomando como objetivo a personas de color con bajos ingresos y decomisando sus bienes sin pruebas de que hubieran hecho nada malo.

El decomiso de bienes civiles “se diseñó para perseguir al pez gordo, al capo”, dijo Theshia Naidoo, directora general de defensa y política exterior de EE. UU. de la Alianza de Políticas de Drogas. “Pero en realidad era una cuestión de derechos civiles y de justicia racial cuando se veía quiénes eran las víctimas”.

Los partidarios de la legislación dijeron que la política se utilizaría exclusivamente contra los grandes delincuentes porque se aplicaba solo a activos valorados en 10.000 dólares o más, y una versión posterior del proyecto de ley aumentó ese mínimo a 100.000 dólares. Jeff Tsai, quien se encargó de la política sobre delincuencia transnacional bajo la dirección de Harris cuando era fiscala general, dijo que el proyecto de ley también contenía protecciones contra las violaciones de las libertades civiles, incluido el requisito de que los fiscales obtuvieran la aprobación de un juez antes de incautar los activos y demostraran que se presentarían cargos penales de forma inminente.

Al final, un análisis fiscal del proyecto de ley concluyó que supondría más trabajo para los tribunales de primera instancia, y no se sometió a votación. Al año siguiente, la legislatura estatal dio marcha atrás y restringió el decomiso de bienes civiles.

Jack Begg colaboró con investigación.

Jazmine Ulloa es reportera de política nacional para el Times y cubre la campaña presidencial de 2024. Tiene su base en Washington. Más de Jazmine Ulloa

Nicholas Nehamas es un reportero de política para el Times que cubre la campaña presidencial de la vicepresidenta Kamala Harris. Más de Nicholas Nehamas